Una crisis evitable e innecesaria - Para La Nación

El debate sobre la disposición de las reservas del Banco Central, la autonomía de esa institución y la remoción de sus autoridades permite que la opinión pública perciba los defectos de nuestro funcionamiento como Nación, que afectan nuestro desempeño.

En primer término, está el problema institucional. El marco para regular las cuestiones monetarias y de deuda es muy claro en la Constitución nacional. Los temas están bajo la órbita del Congreso de la Nación, como se establece en el artículo 75, incisos 6 y 11, de nuestra Carta Magna.

La ley orgánica del Banco Central, en ese sentido, configura la respuesta institucional del Parlamento al requerimiento de la Constitución.

En el pasado, en la Argentina tal facultad estuvo delegada por el Congreso en el Poder Ejecutivo. Esa renuncia legislativa tuvo consecuencias muy negativas, como lo muestra la experiencia de la altísima inflación y de los trece ceros que hubo que quitarle a la moneda, como consecuencia de los excesos de los sucesivos gobiernos en este sentido.

Convertir el Banco Central en la segunda Tesorería del Gobierno es el paso inicial para repetir una vez más esa catástrofe, que nos avergonzó en el contexto de las naciones civilizadas, sobre todo después del avance significativo de haber logrado la autonomía de esta institución.

Si hubieran leído y reflexionado sobre esto, nunca las autoridades hubieran debido auspiciar la iniciativa malhadada del Fondo del Bicentenario, en los términos en que lo efectuaron y concibieron.

No se trata sólo de cuestiones de procedimiento, sino también -lo que es más significativo aún- de las cuestiones de fondo que están afectadas.

¿Por qué es tan importante este tema? Lo esencial es que la moneda no puede ser manipulada. Es, en realidad, la expresión de un contrato intergeneracional. Se trata de uno de los mecanismos diagramados a través de la interacción social para pasar del presente al futuro.

Ese atributo de la moneda, esa forma de mantener valor, es lo que está tratando de preservar el texto constitucional, que refleja la terrible experiencia argentina del siglo XIX, cuando las manipulaciones del signo monetario habían generado una costosísima desconfianza social y severas devaluaciones.

Por ende, la autonomía, como piedra angular de este compromiso, no puede ser degradada. Si se considera que con un consejo no vinculante del Congreso de la Nación se pueden remover las autoridades de la institución monetaria, la Carta Orgánica del Banco Central carece de sentido.

La idea de que se es dependiente para poder ser expulsado del cargo suscitaría hilaridad entre quienes estudian legislación comparada. No responde al sentido común, propio del derecho, como base de la legislación. Ahora bien: ¿qué cuestión fundamental hay detrás de la destrucción de la autonomía del Banco Central, de la creación del Fondo del Bicentenario y de la depredación de las reservas?

La respuesta es que se trata de una forma más de avanzar en el financiamiento de un gasto público descontrolado, propio del populismo miope que nos gobierna.

Es otro avance sin continencia sobre los recursos del país y de la sociedad civil, que se suma al saqueo de las reservas de petróleo, de gas y del stock ganadero, entre otros. Se celebran las cifras de producción de carne cuando, en realidad, estamos liquidando los vientres.

Sólo se puede creer que aumentamos la producción si no se ve más allá de la nariz. En realidad, como en otros casos, no estamos aumentando la producción: la estamos bajando.

Esta crisis de financiamiento ocurre después de haber subido de manera extravagante los impuestos y de haber desatendido múltiples compromisos de la Nación en distintas órbitas.

Esta política fiscal descontrolada -sobre la que advertimos en LA NACION en los artículos publicados el 23 de diciembre del año pasado y el 3 de enero de este año- alcanza ahora el paroxismo. La idea de manotear las reservas del Banco Central- igual que el manoteo de los fondos previsionales y la transferencia de los fondos de la Anses para financiar los gastos de la Tesorería como si fueran ganancias- revela el desquicio en el que estamos por el descalabro de la política fiscal.

Descalabro que aún no se percibe en toda su dimensión, porque todavía no se agotaron los stocks de capital. Pero cuando eso ocurra habrá que reconstruir no sólo los bienes de capital, sino las reservas, los fondos previsionales. Será, lamentablemente, la futura generación la que vivirá los sacrificios causados por el despilfarro actual.

El otro problema crónico en nuestra sociedad es la arrogancia. Ninguno de los conflictos que tuvimos hubiera ocurrido si se hubiera consultado con especialistas, tanto en lo jurídico como en lo institucional o en lo económico. Se podrían haber buscado soluciones que dieran resultados muchos más razonables sin haber generado un costo enorme, como lo es el descrédito en la comunidad internacional. ¿Acaso en alguno de los países vecinos o desarrollados se vio un conflicto de esta naturaleza? No, y menos aún que se expulse a un funcionario porque impidió que el Poder Ejecutivo, como si fuera un monarca absolutista, depredara y degradara la propia moneda?

Por último, es notable la falta de propuestas alternativas. El desquicio de las políticas públicas del gobierno, su irracionalidad y su inconsistencia desafortunadamente no encontraron, salvo algunas excepciones, una respuesta contundente del resto del espectro político.

Nuestra propuesta es bien conocida. No descapitalizar el país, respetar la Constitución nacional y nuestras instituciones. Hacer de la Argentina una nación previsible y confiable en el mundo. Terminar con la originalidad de nuestras políticas públicas, que tanto mal nos hicieron, e imitar lo que hacen los países exitosos y desarrollados del resto del mundo.

Publicado por La Nación el 17/02