De la Rúa, la crisis de 2001 y la oportunidad perdida

El lunes 5 de marzo de 2001, el entonces presidente Fernando de la Rúa me designó ministro de Economía, Infraestructura y Vivienda. Hasta ese momento, yo estaba ocupando el cargo de ministro de Defensa de la Nación, desde diciembre 1999. La situación en ese momento era compleja, difícil e incierta, pero creía entonces -y sigo creyendo ahora- que, por medio de una gestión apropiada, que requería un firme ajuste coyuntural, era posible reencauzar la marcha del proceso económico hacia una dirección más esperanzadora y promisoria. 

 Quince días más tarde, el mismo presidente le había retirado el respaldo al plan que habíamos presentado y debí dejar el cargo junto a una gran parte del equipo -integrado por profesionales de elevadísimas calificaciones técnicas y morales- que me había acompañado. De la Rúa entendió que las resistencias en la coalición de gobierno, que nuestro programa suscitaba, tornaban inconveniente mi permanencia en el ministerio. Y terminé dando un paso al costado. 

 La economía argentina no tenía, en aquel momento, excesivos problemas estructurales que requirieran reformas profundas, con la excepción del mercado laboral. Sí tenía dificultades coyunturales a las cuales era necesario superar para empalmarlas con un proceso de crecimiento que inexorablemente sobrevendría, como efectivamente sucedió, pero después de una crisis devastadora. 

Nuestro programa apuntaba a evitar la crisis. A evitar el corralito, el default, la devaluación y la pesificación asimétrica, todas medidas que sumergieron al país en la pobreza y en la desolación más aguda de nuetsra historia. 

 La complicaciones coyunturales se derivaban de la combinación de tres factores que, si bien era improbable que se produjeran en forma simultánea, azarosamente coincidieron: 1) la crisis de las economías del sudeste asiático, que provocaron una baja a menos de la mitad del precio promedio de las commodities exportados por la Argentina; 2) la crisis rusa, que derivó en el cierre de los mercados de capitales para los países emergentes; 3) la fuerte devaluación de Brasil. A esos tres imponderables se sumaron dos componentes locales: 4) un sistema monetario-cambiario - la convertibilidad - que era sólido para enfrentar dificultades que estuvieran originadas en mecanismos monetarios pero, por las mismas razones, era menos apto para soportar adversidades provenientes de los procesos económicos reales, como una baja de precios de las commodities o una brutal devaluación de nuestro gigantesco vecino; 5) Como herencia del gobierno anterior, un nivel de endeudamiento del orden del 45 % del PBI, excesivo para un régimen de convertibilidad, que requiere un espacio fiscal holgado. 

 Mi análisis era que la conjunción de los tres factores externos desfavorables era un escenario que se revertiría en un lapso de quince a veinte meses. Era impensable que tuviéramos tanta adversidad durante mucho tiempo. El problema era cómo superar la coyuntura hasta tanto el escenario internacional se tornara más amigable. Nuestro plan era una respuesta a esa circunstancia. 

La clave del programa era la austeridad, cuando se debe aplicar, que es en la prosperidad. 

La disciplina fiscal futura, proveniente de una reforma del sector público y de la maduración de la reforma previsional, que hacía que pagáramos dos sistemas jubilatorios simultáneos, por la propia reducción de los afiliados al reparto y la autofinanciación del sistema de capitalización, permitiría rebajar adicionalmente el déficit en 2% del PBI, lo cual durante la expansión reduciría el peso de la deuda pública. 

 Desde algunos sectores de la política y de los medios de comunicación se ha cuestionado mucho el "ajuste salvaje" que nuestro plan supuestamente incluía. 

Ese fue uno de los factores políticos que determinó que el programa no haya sido aplicado. Aquí cabe una explicación precisa. Dado que teníamos un problema coyuntural que nos obligaba a hacer un ajuste, establecimos que ese recorte sería aplicado a los gastos ligados a la demagogia política. A menos que el Congreso determinara que no estaba dispuesto a ajustar por el lado de los subsidios políticos, entonces sí, automáticamente la poda se trasladaba a los gastos de la universidad. 

No había forma de no hacer un ajuste si queríamos evitar la crisis. La prueba es que tratar de evitar y postergar la corrección indujo la crisis que sobrevino diez meses más tarde. La coalición de gobierno no aceptó la reducción de gastos políticos y entonces surgió el mito de que nosotros planteábamos una eliminación de una pequeña fracción de los gastos de la universidad. 

La realidad es que estábamos en problemas y teníamos que superar la situación en la que nos encontrábamos. Nunca propusimos -como también se dijo- rebajar jubilaciones ni salarios en ese programa. Otra gran mentira divulgada por el relato kirchnerista. 

 El recorte de gastos era muy pequeño en comparación a los planes de corrección fiscal que llevaron adelante en los últimos años gran parte de los países europeos. El mismo estaba limitado a actividades políticas marginales y no lo quisieron hacer. Por eso, el ajuste se trasladaba automáticamente a la universidad. Y, finalmente, tampoco lo aceptaron. 

 En diciembre y enero del año siguiente se realizó un ajuste desordenado que allí sí fue brutal. 

El rechazo a nuestro moderado plan de saneamiento coyuntural, que computaba las oportunidades que sobrevinieron después, derivó en una dilapidación de todo lo avanzado durante diez años, sumado a una ruptura de todos los contratos, los vínculos y los derechos de propiedad en los que la economía se sustenta, que son vitales para el crecimiento. El costo de aquella imprevisión aún lo estamos pagando. Y no sabemos cuándo la cuenta quedará saldada.

LANACION.COM
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