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martes, 6 de septiembre de 2011

2da carta a la Sra. Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner

Buenos Aires, Argentina
16 de agosto de 2011

Sra. Presidente de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Su despacho


Me dirijo a usted a los efectos de convocar su atención a las declaraciones que formulara el Lic. Diego Bossio, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en relación a la inviabilidad del sistema de seguridad social de hacer frente tanto a los pagos previsionales como a los juicios que devienen de su incumplimiento.

No es aceptable en un Estado de derecho que el criterio para lidiar con las dificultades financieras del Estado, sean incumplir los contratos jubilatorios.

Como usted sabe, ese contrato está en el corazón de las relaciones intertemporales de la solidaridad y de la cohesión social.

La lógica de expropiar y confiscar los ahorros de los sectores más ancianos y vulnerables de la sociedad, repugna el sentido civilizado. Esta decisión no puede ser aceptada bajo ningún concepto. Más aún, la idea de que los problemas legales se resuelven incumpliendo las leyes resulta contradictorio e insensato desde el punto de vista jurídico, político y social.

En ese sentido quiero llamar su atención con respecto a la solución del problema de los juicios de los jubilados.

Como usted recordará, nosotros sugerimos, a través de una carta que le enviamos hace algunos meses, un mecanismo para resolver esta cuestión.

Este mecanismo constaba de tres componentes. El primero era normalizar el pago de pensiones que establece la ley para los jubilados que reciben las prestaciones. En segundo lugar, hacerles una oferta a los que están en juicio contra la ANSeS, con un pago en efectivo de 40.000 pesos, permitiendo la cancelación en bonos de la diferencia con montos que excedieran ese guarismo. En tercer término, esto generaría terminar con la altísima letigiosidad que hoy agobia al sistema judicial.

Actualmente en la Argentina hay más de 500.000 juicios que no solo afectan las cajas del personal civil, público y privado, sino también los regímenes de retiro del personal de seguridad y de fuerzas armadas.

En ese aspecto, el programa de normalización de juicios y pagos previsionales, lo único que procura es hacer transparente las verdaderas erogaciones del Estado.

El verdadero gasto es el que se incurre y se devenga. La idea de que va a ser el fallecimiento de los jubilados y pensionados, el mecanismo de ajuste para solucionar este problema, repugna el sentido civilizado de la vida.

La reforma que haya que hacer, ya sea siguiendo las características de la reforma española, la francesa o la alemana, de adecuarse a la mayor expectativa de vida y de procurar que haya una correspondencia entre los aportes a lo largo de la vida y los haberes de retiro, es una iniciativa plausible y será muy sano para el país que ese tema no quede escondido.

Esta reforma que debemos realizar para garantizar el futuro va a durar alrededor de dos décadas. Ese esfuerzo es posible, es inteligente hacerlo, forma parte de las transformaciones necesarias en nuestra sociedad, para darle certidumbre al sector público, solvencia al sistema provisional y previsibilidad al país.

Estamos dispuestos a cooperar en ese debate y a actuar sin populismo y sin demagogia. Queremos contribuir y explicar los dilemas dramáticos que el envejecimiento de la población proporciona a largo plazo.

Ello de nuevo, le reitero Sra. Presidente, no puede ser excusa para no pagar los juicios. Hay una solución tanto al problema de los juicios y el pago de las pensiones, como hay una salida genuina y razonable a la problemática de la seguridad social.

Aprovecho esta oportunidad para saludarla con mi consideración más distinguida.


Ricardo López Murphy