En toda democracia organizada hay dos planos en el diálogo entre el oficialismo y la oposición. Una parte transcurre en el Congreso de la Nación, en el que los legisladores tienen que acordar sobre las sanciones de las leyes, las comisiones de trabajo que abarcan las distintas áreas de la actividad nacional, las comisiones investigadoras y los paneles sobre políticas públicas, que van configurando la opinión, van creando los consensos y van limando las diferencias.
El otro plano de discusión -normalmente, entre los partidos políticos opositores y el Gobierno- es naturalmente con la Presidenta y los ministros del Poder Ejecutivo. Ellos deberían recibir a los líderes opositores para intercambiar puntos de vista sobre los problemas y los dilemas que enfrenta el Estado, buscando cómo interactuar para resolverlos.
Esos diálogos deberían ser cordiales, con interlocutores firmes en sus posiciones y convicciones, pero fecundos, esto es, dispuestos a lograr un resultado constructivo. Ciertamente, en nuestro caso hay una urgencia para resolver los problemas en el corto plazo, de carácter institucional.
Entre otros, sin ser exhaustivos, hay varias leyes con una gran demanda de la opinión pública, como son la ley de emergencia, la ley de superpoderes, la ley sobre decretos de necesidad y urgencia, la ley del Consejo de la Magistratura, las leyes del régimen de transferencias de ingresos entre los distintos niveles de gobierno, la ley de manejo de la publicidad oficial y la ley de transparencia en la información pública.
Cuanto antes se reaccione frente a estas demandas sociales, menos traumáticos van a ser los episodios que se vivan, y el país tendrá su transición política de una manera más cooperativa y organizada.
Artículo completo en La Nacion.com
El otro plano de discusión -normalmente, entre los partidos políticos opositores y el Gobierno- es naturalmente con la Presidenta y los ministros del Poder Ejecutivo. Ellos deberían recibir a los líderes opositores para intercambiar puntos de vista sobre los problemas y los dilemas que enfrenta el Estado, buscando cómo interactuar para resolverlos.
Esos diálogos deberían ser cordiales, con interlocutores firmes en sus posiciones y convicciones, pero fecundos, esto es, dispuestos a lograr un resultado constructivo. Ciertamente, en nuestro caso hay una urgencia para resolver los problemas en el corto plazo, de carácter institucional.
Entre otros, sin ser exhaustivos, hay varias leyes con una gran demanda de la opinión pública, como son la ley de emergencia, la ley de superpoderes, la ley sobre decretos de necesidad y urgencia, la ley del Consejo de la Magistratura, las leyes del régimen de transferencias de ingresos entre los distintos niveles de gobierno, la ley de manejo de la publicidad oficial y la ley de transparencia en la información pública.
Cuanto antes se reaccione frente a estas demandas sociales, menos traumáticos van a ser los episodios que se vivan, y el país tendrá su transición política de una manera más cooperativa y organizada.
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