EL ESTILO K EN LOS AUMENTOS TARIFARIOS

Comparto con ustedes un análisis realizado por Ricardo Molina sobre el aumento tarifario de los Kirchner. Espero que le sea de su interés. Ricardo.

Los argentinos estamos siendo sometidos, nuevamente, al estilo autocrático de los K. En esta oportunidad las tarifas energéticas son la excusa para presionar a toda la sociedad y para transferir más recursos de los bolsillos de la gente a las arcas públicas. Me apuro a aclarar que estos recursos no están destinados a mejorar el alicaído sistema energético, sino simplemente a reponer fondos públicos que serán utilizados para solventar prebendas, campañas políticas y vaya a saber que otro fin no confesable. En palabras del Ministro De Vido estos fondos son para reducir la carga de subsidios que paga el Estado. Subsidios con los que se ha estado engañando a la gente durante los últimos seis años.

Algunas precisiones sobre los principales cuestionamientos a este fenomenal aumento de tarifas:

En el marco de la democracia y la república los medios son más importantes que los fines. Los marcos regulatorios, aún vigentes, establecen los procedimientos que se deben seguir para ajustar las tarifas: evaluaciones de impacto por parte de la autoridad regulatoria (algunas muy complejas), audiencias públicas, y muy importante, la determinación del plazo de entrada en vigencia de los aumentos. Todos estos procedimientos han sido reemplazados por decretos y resoluciones a simple voluntad del gobierno, y lo más inaceptable es que los aumentos tienen efectos retroactivos. Muchos hemos reclamado desde el 2003 que el país tenía serios problemas de abastecimiento energético y que era imprescindible ajustar las tarifas energéticas con la realidad internacional como mecanismo para desalentar el consumo. Por el contrario, el gobierno, mediante subsidios, transmitió a los consumidores una señal de abundancia y las estadísticas muestran que la reacción generalizada fue aumentar los consumos. Ahora, esa señal se cambia con efectos retroactivos y la gente tendrá que pagar sobre la base de sus consumos dispendiosos.
Mucho se ha escrito sobre el desalineamiento de nuestras tarifas energéticas con la realidad de los mercados internacionales y cómo estaba afectando nuestra capacidad de abastecer una demanda creciente. Un solo dato: la impresionante suba del precio del petróleo ocurrida desde el 2002 al 2008 que llevó el barril de petróleo a u$s 147, pasó inadvertida por los argentinos. Sólo era una noticia periodística, pero no afectaba sus bolsillos. Por ello, todos los especialistas en la materia hemos propugnado por la suba de tarifas. Recuerdo artículos míos planteando el dilema de aumentos graduales o de “shock”. Pero a nadie se le ocurrió que los aumentos de tarifas estarían destinados a las arcas públicas. Estos aumentos no reducirá la deuda que acumula el Estado con los generadores eléctricos (más de u$s 5 mil millones), apenas mejorará un poco el precio que reciben los productores de gas pero aún muy lejos del que pagamos a Bolivia o por el GNL, y ni los transportistas ni distribuidores de gas y electricidad recibirán nuevos ingresos para mejorar el mantenimiento de sus sistemas y con ello, brindar una mejor calidad de servicio. Sólo se incrementarán los ingresos a los fideicomisos manejados por De Vido. Por lo tanto, estas medidas sólo se disfrazan de aumentos de tarifas pero, en realidad, son una suba de impuestos. Y los impuestos tienen que ser aprobados por el Congreso.
A pesar de todo ello, el gobierno pretende seguir ocultando los problemas energéticos del país y no explicita cómo los va a resolver. No hay un plan de largo plazo para mejorar la oferta energética, sólo anuncios mediáticos de puesta en marcha de pequeñas centrales eléctricas o el descubrimiento de reservas petroleras con una capacidad de producción de 50 metros cúbicos. ¿Qué está pasando en Yaciretá? ¿Cómo avanzan las centrales térmicas de Campana y Timbúes? ¿Cuánto costará y cuando finalizará la central atómica de Atucha II? ¿Cuánta vida útil les queda a las centrales nucleares en funcionamiento? ¿Por qué el nivel de indisponibilidad técnica de nuestras centrales térmicas es tan alto (supera el 31%)? ¿Cuál es el costo real de las importaciones de fuel-oil y gas-oil que el gobierno realiza con la intermediación de PDVSA? ¿Por qué se ocultan datos en los sitios de internet de la Secretaría de Energía? Y muchos otros interrogantes que no tienen respuesta documentada y oficial.
El gobierno K pretende seguir castigando a la clase media, pero en esto también se equivoca. Los aumentos se han planteado escalonados según rangos de consumo pretendiendo con ello fijar algún criterio de tarifa social, reclamada por todos los que apoyábamos la suba de tarifas. Existen estudios pormenorizados que señalan que un bajo consumo de energía eléctrica o de gas natural, no se compadece con el nivel socio-económico del usuario. Vaya como ejemplo el bajo consumo periódico de un usuario de electricidad en una casa de fin de semana, o el alto consumo de electricidad de una familia con bajos recursos que no dispone de gas natural y tiene que reemplazarlo por electricidad. Según FIEL, en el área metropolitana los últimos aumentos de la energía eléctrica tienen un error de inclusión (usuarios que no deberían recibir el beneficio del menor aumento) del 70% y un error de exclusión (los que sí deberían ser beneficiados) del 28%. Si el gobierno quisiera aplicar un razonable criterio de tarifa social debería seguir la política de subsidios focalizados que tan bien aplica Chile.
Ya se ha anunciado que en febrero se ajustarán las tarifas que recibirán los transportistas y distribuidores de gas y electricidad.
Existe un antecedente en contra de esta política del gobierno y se remonta a la época en que el Ministro Lavagna pretendió aumentar las tarifas energéticas aplicando procedimientos similares, sin respetar mecanismos previstos en los marcos regulatorios, y la Justicia los denegó.
Este no es el camino para resolver la crisis energética.

Ricardo Molina

Consultor en temas energéticos y miembro de la Corriente de Convergencia Federal.